El Gobierno abre 153 documentos del 23-F procedentes de Interior, Defensa y Exteriores.
Los archivos desclasificados 23-F ya van a ser una realidad. El Gobierno aprobó la apertura de 153 documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 protagonizado por el coronel Antonio Tejero. La medida reabre interrogantes históricos que afectan a la Corona, al Ejército, al PSOE y a la propia Transición.
Qué incluyen los archivos desclasificados 23-F
El Ejecutivo liberará 153 unidades documentales localizadas en fondos clasificados de la Administración General del Estado. La portavoz Elma Saiz confirmó la decisión tras el Consejo de Ministros del 24 de febrero. Los documentos proceden de los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, que trabajaron en la recopilación y digitalización del material durante los últimos meses.
Los archivos desclasificados 23-F contienen informes internos, comunicaciones administrativas y documentación oficial generada en los días previos y posteriores al golpe. Sin embargo, matiza que publica “toda la documentación encontrada hasta ahora”. Esa expresión delimita el alcance real. No abre todos los fondos posibles sobre el 23-F, sino solo los documentos localizados en dependencias ministeriales, o sea, lo que les interesa. Tampoco se prevé la difusión de audios ni grabaciones audiovisuales. Solo textos íntegros e imágenes digitalizadas en PDF.
La medida llega además en pleno debate sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El Gobierno sostiene que la futura ley de información clasificada fijará plazos automáticos de desclasificación y evitará decisiones discrecionales.
Julio Merino y las revelaciones sobre Armada
La apertura de los archivos desclasificados 23-F coincide con la difusión reciente de textos inéditos del periodista e historiador Julio Merino, publicados tras su fallecimiento. En ellos, Merino señala que mantuvo conversaciones directas en marzo de 1981 y febrero de 1985 con el general Alfonso Armada Comyn, entonces segundo jefe del Estado Mayor del Ejército y condenado por el 23-F.
Merino relata un encuentro en la prisión militar de Alcalá de Henares y otro en la Base Aérea de Getafe. Según su testimonio, Armada evitó implicar directamente a la Corona, pero repitió una frase que el periodista consideró reveladora: actuó “en nombre del rey”.
En sus textos también aparece Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey en 1981. Merino sostiene que Sabino le mostró escritos personales sobre los acontecimientos del 23 de febrero y le habló de reuniones previas en La Zarzuela.
El “Plan de Operaciones”
Uno de los elementos más importantes recogidos por Merino es el denominado “Plan de Operaciones” atribuido a Alfonso Armada. Según ese relato, el plan contemplaba la entrada de Antonio Tejero en el Congreso entre las cinco y las siete de la tarde, la retención del Gobierno y la posterior intervención de Armada como figura de consenso.
El esquema incluía la formación de un Gobierno de Concentración presidido por el propio Armada, con Felipe González como vicepresidente político. Posteriormente, el Rey validaría la solución y se dirigiría a la nación.
De hecho, Merino afirmó en una entrevista en 2014 que “no se ha escrito ni la décima parte” de lo ocurrido durante la Transición y el 23-F. También calificó a Adolfo Suárez como “una marioneta” y situó a Torcuato Fernández-Miranda como verdadero arquitecto de la Ley para la Reforma Política.
Estas afirmaciones proceden de testimonios personales. Precisamente por eso, la publicación de los archivos desclasificados 23-F puede aportar datos objetivos que confirmen esta historia verosimil..
Queremos saber
Cuarenta y cinco años después, la sociedad sigue preguntándose qué conocían las instituciones en aquellas horas críticas y si estaban implicadas, desde lo más alto hasta los partidos políticos pasando por los servicios secretos.
Los documentos permitirán cotejar fechas, comunicaciones y decisiones adoptadas durante la irrupción armada en el Congreso mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. También ayudarán a aclarar qué contactos existieron antes del golpe y cómo reaccionaron los distintos mandos militares.
La verdad histórica no puede depender de silencios administrativos ni de decisiones políticas coyunturales.
La sociedad se fortalece cuando afronta su pasado con rigor, no cuando el gobierno de turno lo administra según conveniencias. La apertura de los archivos desclasificados 23-F representa un paso relevante, pero no definitivo. España necesita conocer con precisión qué ocurrió en febrero de 1981, quién tomó decisiones y bajo qué circunstancias. Y si las máximas instancias del Estado tuvieron responsabilidad deberán cargar con sus consecuencias. Cualquier revisión histórica debe apoyarse en documentos contrastables, no en relatos interesados.
Si los nuevos archivos aportan luz, contribuirán a cerrar heridas abiertas y a fortalecer la confianza institucional. Si revelan zonas oscuras, exigirán responsabilidad histórica.
p.d. : En el día, al escribir este editorial, nos hemos enterado que el coronel D. Antonio Tejero ha fallecido. DEP.
