Documentos publicados por los miembros republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes apuntan a una intervención sistemática de la Comisión Europea para dar forma al discurso político y electoral en varios países.
La interferencia electoral de Bruselas en países europeos ya no pertenece al terreno de la sospecha. Según señala el periodista Javier Villamor, documentos internos publicados por miembros republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos confirman una estrategia sistemática de la Comisión Europea para condicionar el debate político en varios países europeos.
El informe, titulado The EU Censorship Files, Part II, expone con detalle cómo Bruselas presiona a las grandes plataformas digitales para censurar contenidos legales, modificar sus normas internas y restringir opiniones políticas incómodas para el discurso oficial.
Las revelaciones muestran que la Comisión Europea intervino directa o indirectamente en al menos ocho procesos electorales en seis países desde 2023. Estas acciones incluyeron reuniones de alto nivel con empresas tecnológicas en los días previos a votaciones clave.
La interferencia electoral de Bruselas no responde a errores aislados. Responde a una arquitectura de control diseñada durante más de una década.
Una arquitectura de censura construida desde 2015
Los documentos filtrados prueban que esta estrategia comenzó mucho antes de la Ley de Servicios Digitales. Según el propio Comité Judicial, el sistema nació en 2015 con la creación de “códigos” y “foros” que permitían a la Comisión presionar de forma indirecta a las plataformas.
Estos mecanismos se presentaron como consensos voluntarios. En la práctica funcionaron como instrumentos de coacción regulatoria. Las empresas tecnológicas reconocieron en comunicaciones internas que «la Comisión marca la agenda, impone el consenso, y las plataformas no tienen realmente otra opción».
El objetivo principal no consistía en eliminar publicaciones concretas. Bruselas buscaba reformular las directrices de la comunidad, es decir, las normas globales que determinan qué ideas pueden circular en el espacio digital.
La pandemia aceleró este proceso. Durante la crisis del COVID-19, Ursula von der Leyen y Vera Jourová exigieron eliminar contenidos que cuestionaran las narrativas oficiales sobre vacunas y gestión sanitaria. El propio informe lo resume: «Instaron a las plataformas a cambiar sus normas y eliminar el contenido que cuestionara las narrativas establecidas».
A partir de 2022, la Comisión institucionalizó esta presión. Entre 2022 y 2024 organizó más de 90 reuniones dentro del llamado Código de Desinformación. En todas ellas reclamó normas más duras y vigilancia permanente.
Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales, la advertencia resultó clara: las empresas debían someter sus políticas internas a una revisión constante si querían evitar sanciones. La interferencia electoral de Bruselas ya operaba como política estructural.
Elecciones bajo supervisión ideológica
El informe detalla reuniones con plataformas digitales antes de elecciones en Irlanda en 2024 y 2025; Francia en 2024; Países Bajos en 2023 y 2025; Eslovaquia en 2023; Moldavia en 2024; y Rumanía ese mismo año. En todos los casos, la Comisión actuó en momentos críticos de campaña. El objetivo siempre resultó el mismo: intensificar la censura de contenidos políticos considerados problemáticos.
Tras estas reuniones, TikTok censuró afirmaciones conservadoras ampliamente difundidas, como la idea de que solo existen dos sexos. La propia Directriz Electoral de la DSA obliga a las plataformas a “adaptar sus términos” antes de las elecciones. Aunque Bruselas presenta estas directrices como recomendaciones, un alto funcionario de la DSA admitió en conversaciones privadas que funcionan como órdenes obligatorias.
El caso de Rumanía resulta especialmente grave. Un tribunal anuló las elecciones presidenciales de 2024 por supuesta interferencia rusa en TikTok. Sin embargo, la propia plataforma informó a la Comisión que no encontró pruebas de esa campaña. Investigaciones posteriores demostraron que otro partido rumano había financiado la campaña atribuida falsamente a Rusia. Aun así, Bruselas utilizó el relato para justificar su intervención.
La interferencia electoral de Bruselas no solo manipula el discurso. También legitima decisiones judiciales basadas en información falsa.
Una amenaza directa
La interferencia electoral de Bruselas representa una amenaza directa al pluralismo democrático en Europa. Un poder político que controla el debate público deja de servir a los ciudadanos y empieza a moldearlos ideológicamente.
La Comisión Europea no combate la desinformación. Controla narrativas. Decide qué opiniones pueden circular y cuáles deben desaparecer. Ese modelo destruye la libertad de expresión, pilar básico de cualquier sociedad libre.
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