Tras proponer Criterios adecuados para la Economía Española y algunos Planes en diversas materias, veremos los criterios y propuestas para contener el gasto público y tener una fiscalidad adecuada, que configuran un programa de mínimos:
Eficacia y eficiencia máximas de lo público.
Si se quiere seguir este principio, habría que adoptar como medidas más necesarias:
– El silencio administrativo positivo y la declaración responsable deberán ser la norma en todas las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.
– Establecer un sistema de auditoría permanente, tanto en el aspecto económico (cualquier presupuesto de cualquier ente público), como funcional: analizar con rigor el conjunto de organismos públicos y departamentos, estudiando críticamente su necesidad real y eliminando los innecesarios. Para ello, hay que elaborar un Plan de Auditorías del Sector Público, incluyendo todos los organismos o entes en los que el sector público tenga participación, con cualquier porcentaje, y un Plan de reducción de edificios o instalaciones de titularidad pública, en propiedad o en alquiler, así como ubicarlos en las zonas más económicas.
– Eliminar todas las duplicidades administrativas, para evitar que haya cinco (o más) niveles de competencias comunes en varias Administraciones simultáneas (Europea, Estatal, Autonómica, Provincial, Municipal, Juntas Municipales de Distrito), reduciendo al máximo los costes administrativos y políticos. Elaborar un estudio integral para optimizar (reduciendo) el tamaño de la Administración y de todas las empresas públicas, utilizando para ello los avances de la IA y todo tipo de digitalización.
– Privatizar total o parcialmente las empresas públicas estatales, autonómicas o locales: AENA, ADIF, RENFE, Paradores, Correos, REE, ENAGAS, INDRA, TRAGSA, SEPI, etc, y el resto de las empresas públicas estatales, autonómicas o locales. Posibilitar la privatización de canales públicos de radio y TV estatales, municipales o autonómicos, o cierre en su caso. Cierre progresivo o venta de todas las empresas públicas que generen pérdidas.
– Fusión administrativa integral de Ayuntamientos, reduciendo cargos políticos y digitales, de forma que sólo sea posible la existencia de Ayuntamientos en función de un número de habitantes mínimo a determinar.
–Reducción de los entes locales a uno sólo de: Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, Comarcas, Áreas Metropolitanas. Administración local única.
– Eliminar de la Seguridad Social el tratamiento sanitario a extranjeros, salvo que exista acuerdo con el Estado de origen, o el pago de la prestación, así como las intervenciones que no mejoren la salud (abortos, eutanasia, estéticas, de género, etc.).
– Sistema de Compras centralizado, que permita optimizar la eficiencia y la garantizar la transparencia de las decisiones económicas.
Gasto mínimo por intereses de la deuda
Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Las Entidades Locales deberán presentar también equilibrio presupuestario.
El no haber tenido en cuenta este criterio durante tantos años tiene un coste enorme para los españoles. Décadas de déficit crónico de las cuentas públicas generado por la irresponsabilidad de los gobiernos del bipartidismo y separatistas, hacen que el coste de la deuda sea enorme: En 2024, el gasto por intereses de la deuda pública española ascendió a 39.078 millones de euros, marcando un máximo histórico. Hay que prever:
– Programa anual de amortización de Deuda Pública que vaya reduciendo paulatinamente el importe dedicado al pago de intereses en los Presupuestos, hasta llegar a cero, en menos de tres legislaturas.
– Obligación legal de superávit primario en las cuentas públicas, que supere holgadamente el coste anual de la deuda.
El coste de la corrupción
Como medidas prioritarias:
– Acabar de verdad con la corrupción política, utilizando todos los mecanismos existentes de obtención de información, potenciando los canales de denuncias que respeten el anonimato y generen una investigación independiente, con el compromiso de notificación al Ministerio Fiscal si hubiese indicios de delito.
– Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato. Reforzar la normativa de incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos y la exigencia de devolución de los caudales públicos defraudados.
– Implementar buzones éticos en las instituciones y organismos públicos que permitan tanto a los ciudadanos como a los propios funcionarios denunciar prácticas o comportamientos ilícitos o irregulares.
– Fiscalizar de forma especial a todos aquellos organismos sospechosos de corrupción: partidos políticos, sindicatos, ONGs de todo tipo, asociaciones de carácter ideológico, etc. Sus cuentas deben tener el mismo grado de cumplimiento legal, transparencia, rendición de resultados y control fiscal que cualquier empresa cotizada. Poner el foco en las actividades más proclives a la corrupción: contratos públicos de obras, servicios o suministros (incluidos los sanitarios, farmacéuticos y educativos), pago de intereses de la deuda (40.000 M pueden dar lugar a muchas corruptelas), urbanismo, subvenciones y adjudicaciones.
– Promover la reforma de la Ley de Indultos con el fin de excluir esta medida de gracia para aquellos que cometan delitos relacionados con la corrupción política, e incrementar las penas por corrupción de los cargos públicos.
– Reforzar los mecanismos de transparencia, denuncia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción en la Administración Pública.
– Suprimir al máximo los aforamientos de los cargos políticos, eliminándolos en los casos de corrupción.
Eliminar el despilfarro político
Hay que acabar con todo tipo de gasto público superfluo, esto es, el que no resuelve ninguna necesidad social porque sólo sirve para satisfacer intereses clientelares o delirios ideológicos de los partidos:
– Eliminar las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de vecinos, de consumidores, ecologistas, ONGs ideológicas, culturales, de ayudas a inmigrantes ilegales, de género, guerracivilistas, antiespañolas, prensa privada (campañas aparentemente institucionales, anuncios, suscripciones de cada concejalía o cargo político de cualquier ente público, etc.), ayudas a colectivos inventados, o a otros países.
– Reducción drástica del aparato político incrustado en la Administración: Asesores digitales en empresas públicas, TV públicas, medios de titularidad pública, chiringuitos diversos.
– Supresión de Ministerios y departamentos asociados; fijar un máximo legal al número de los ministerios del Gobierno, consejerías autonómicas, áreas y concejalías en Diputaciones y Ayuntamientos.
– Cerrar organismos destinados a crear en las autonomías estructuras paralelas al Estado: defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etc., así como la eliminación de todos los organismos autonómicos y locales de acción exterior y de ayuda a la cooperación internacional.
– Disminución del número de parlamentarios autonómicos, de los que hay ahora un total de 1.261 en España.
– Ejemplarizar la función política con una drástica reducción salarial de los cargos electos o nombrados políticamente (diputados estatales, autonómicos y senadores, alcaldes, ministros, consejeros autonómicos, directivos de entes públicos, etc.). Topes al salario máximo de cualquier cargo, político o funcionarial de libre designación, eliminando todo tipo de pluses o salario en especie. Reducir al máximo los privilegios de “jubilación de oro” de los ex altos cargos políticos.
– Reducir al mínimo el número de asesores contratados por las diferentes administraciones públicas potenciando de esta manera la carrera profesional de los empleados públicos, obligando a ser cubiertos por funcionarios de carrera de la Administración.
– Renegociación a la baja de la cuota española de contribución a los gastos de la Unión Europea (ahora de unos 15.000 M € anuales).
– Eliminar todas las prebendas basadas en las “puertas giratorias”, en las empresas públicas o que trabajan para el Estado, así como en las privadas. Régimen estricto de incompatibilidades con el sector público, especialmente de quienes han tenido cargos políticos. Incrementar el periodo de vigilancia.
– Eliminar la consolidación al alza de los niveles retributivos que tienen los funcionarios después de haber tenido cargos políticos.
– Eliminar todas las subvenciones y partidas presupuestarias dedicadas a sostener empresas o entidades públicas cuyas prestaciones ya se provean por el mercado salvo que acrediten ser estrictamente necesarias para el bienestar o el interés nacional. Con el mismo espíritu se analizarán todas las partidas dedicadas a cooperación internacional.
Frente a esa perspectiva tan sesgada, algunos datos:
Al ver estas cifras, no es el gasto en pensiones el principal causante del déficit público, sino muchos otros gastos ocasionados por la mala gestión de los partidos del consenso bipartidista. No se puede atemorizar ni culpabilizar a los pensionistas de los errores cometidos por la oligarquía partidista durante décadas.
Una política adecuada de austeridad estricta en los conceptos antecitados resolvería el “problema” de las pensiones para este siglo. Se gastan inútilmente cientos de miles de millones de euros a causa de la deriva ideológica y las corruptelas del bipartidismo y sus socios separatistas. Además de reducir o eliminar los gastos anteriores y de muchas otras medidas, hay que pensar en:
– Políticas defensoras de la natalidad y de defensa de la familia.
-Eliminar el IRPF de las pensiones contributivas, añadiendo su importe al de la pensión percibida.
– Promover un sistema mixto de pensiones, incluyendo las pensiones públicas de reparto, las ocupacionales o empresariales, y un sistema personal de capitalización.
Justicia distributiva
Si se quiere conseguir una mejora económica duradera, está claro que hay que resolver el problema de la economía sumergida: aquella parte de la actividad económica de España que no paga impuestos, cifrada actualmente en unos 300.000 M de euros anuales.
En el actual Estado ineficiente en la gestión de la Economía, es muy probable que los impuestos abusivos, la inflación de puestos políticos innecesarios, la corrupción, el despilfarro, puedan inducir a muchos a no pagar impuestos. Pero existe la sospecha de que buena parte de ese dinero oculto puede tener orígenes no legales: blanqueos, bandas criminales, tráficos, tratas, actividades delictivas, corrupción, manteros, inmigración ilegal, o de movimientos especulativos de fuera de nuestras fronteras. El delito no puede quedar impune. Para ello:
– Reforzar los mecanismos de persecución de la evasión fiscal para que toda la economía sumergida se incorpore a la economía real (cuando el esfuerzo impositivo sea el adecuado).
No debe ser motivo de preocupación que el mejorar la recaudación nos haga menos “competitivos” fiscalmente, ya que puede ser una forma más eficaz de luchar contra la corrupción.
Fiscalidad, la justa.
El Art.31 de la Constitución dice:” …en ningún caso los impuestos tendrán alcance confiscatorio”. Nadie ha definido en qué consiste un impuesto confiscatorio, salvo una sentencia del Tribunal Constitucional español que define como confiscatorio un impuesto que suponga más del 100 % de la base imponible (¡sic!). (Recordemos que en Suecia, en 1.976, antes de perder las elecciones, los socialdemócratas suecos obligaron a Ingmar Bergman, conocido director de cine, a pagar en impuestos el 106 % de sus ingresos; y a Astrid Lindgren, escritora famosa, el 102 %; los socialistas siempre hacen lo mismo). En Alemania y Francia sus organismos Constitucionales han definido como confiscatorio un impuesto (la suma de varios) superior al 50 % de la base a tributar. Hay que establecer legalmente como confiscatorio un saldo impositivo total superior al 50% (e incluso menos para rentas más bajas de la media) del total de impuestos a pagar por contribuyente.
Hablamos del conjunto total de impuestos que paga cada español (la suma de IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones, IVA, IBI, y todo el conjunto de impuestos estatales, autonómicos y locales, en servicios o empresas públicos, tasas o en la factura de la energía y combustibles). Y en las rentas medias y bajas ese porcentaje máximo debe ser aún menor. El promedio actual de pago de impuestos está en el 54,5 % de la base para el contribuyente medio, que no “rico” .
– Promover la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU o Plusvalía) para todos los españoles; impulsar una reducción significativa del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Promover una rebaja del Impuesto sobre Sociedades (IS). Reducir sustancialmente el IRPF.
– Estudiar todos los casos en los que se produzca la doble imposición, es decir, que se pagan dos veces impuestos por el mismo concepto, para reducirlos progresivamente hasta su total desaparición.
– Aumentar la renta disponible de los trabajadores sin incremento simultáneo de los costes laborales mediante la reducción de cotizaciones sociales para la empresa y para el trabajador, o reducción de la “cuña fiscal”, que ahora es superior al 46 %, así como deflactar de forma automática cada ejercicio el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para contrarrestar el incremento nominal de su salario debido a la inflación. En primera instancia recuperar esta deflactación impositiva de forma acumulada desde 2.018.
– Establecimiento de reglas claras y sistemas adecuados de control para la tributación de los rendimientos obtenidos en España por empresas radicadas en otros países. Las grandes empresas tecnológicas y las multinacionales deben tributar allí donde obtienen sus beneficios reales.
– Optimización del sistema fiscal para reducir los costes de recaudación (costes de eficiencia, costes de cumplimiento y costes de administración). Simplificación de normativas, trámites y procedimientos; ampliando de forma decidida los supuestos de silencio administrativo positivo para el administrado.
– Estudiar los diferentes Conciertos y Convenios Económicos (autonomías vasca y navarra, que entre las dos tienen una ventaja fiscal respecto al resto de regiones de 6.000 M de euros anuales, o en el futuro la catalana) con el fin de armonizar la contribución fiscal de los denominados Territorios Históricos con la del resto de los españoles.
– Exoneración de la cuota a los autónomos cuyos ingresos netos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional y bonificación total a los autónomos que estén de baja.
– Reducción progresiva de los impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas (electricidad, agua, gas, combustibles, IVTM, transporte público, tasas universitarias, etc).
Es importante tener en cuenta que una reducción efectiva en el nivel de los impuestos (presión fiscal) favorecería sin duda la mejora de la competitividad española en las exportaciones y las inversiones extranjeras, a la vez que aumentarían sustancialmente nuestras posibilidades de crecimiento interno de la economía.
Julio García | escritor
