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El supuesto repliegue de los extremistas radicales comunistas y anarquistas de la Puerta del Sol no responde a un síntoma de debilidad ni significa que el movimiento antisistema se esté desinflando en la capital. Al contrario, la extrema izquierda simplemente cambia de escenario en una maniobra táctica sumamente alarmante. El terrorismo callejero más intransigente camufla su aparente retirada bajo el pretexto de defender el derecho a la vivienda, pero la realidad constata que busca descentralizar sus bases operativas para extender la agitación social por todos los distritos de Madrid en la huelga general del 11N. Tras más de un mes de ocupación ilegal en el kilómetro cero, las diferentes facciones de la denominada Acampada 26S inician un proceso de dispersión programada hacia los entornos vecinales con un propósito único y violento: calentar la calle y coordinar las acciones de sabotaje de cara a la jornada de protesta del próximo 11 de noviembre.
Esta huida hacia los barrios funciona en realidad como un termómetro político, un ensayo general destinado a medir la capacidad de convocatoria de los líderes radicales comunistas y a comprobar el grado de sumisión de las instituciones ante el desorden público. La ocupación de la Puerta del Sol constituyó la primera fase de un plan mucho más agresivo; una vez testada la resistencia de las fuerzas de seguridad y el eco mediático de sus proclamas, la extrema izquierda traslada sus comisiones a entornos periféricos donde el control policial resulta menos inmediato. El objetivo último no radica en abrir debates sociales ni en propiciar soluciones habitacionales legítimas, sino en estructurar piquetes coercitivos que paralicen la actividad económica de la región mediante el uso de la violencia callejera.
El horizonte del 11N y la amenaza de las barricadas
La verdadera meta de esta reestructuración del movimiento radical se sitúa, concretamente en la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Los colectivos que alientan estas movilizaciones desprecian las vías democráticas ordinarias y fían todo su éxito al estallido de disturbios y a la proliferación de barricadas en los puntos neurálgicos de la circulación madrileña. La decisión de levantar el campamento central coincide en el tiempo con un incremento notable de la tensión callejera en toda la almendra central de Madrid.
La clase trabajadora como coartada de la agitación callejera
Los portavoces de la protesta han difundido sus intenciones estratégicas a través de los canales habituales de la prensa independiente y las redes sociales de sus colectivos afines, explicitando por escrito que el abandono de la Puerta del Sol no representa el final de sus acciones punitivas, sino la transformación de la acampada en una guerrilla urbana de corte ideológico. «Desde Acampada 26S, comenzamos la llamada mudanza a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S», señala el documento que han hecho público las comisiones organizadoras. Los radicales manipulan el descontento social y se apropian de las siglas del tejido laboral madrileño con un fin inequívoco: fijar como su principal cometido el «preparar la huelga general» mediante la imposición, el corte de comunicaciones y el fomento de la hostilidad contra las fuerzas de orden público.
La complicidad que muestra el Ejecutivo de Sánchez a la hora de atajar estas demostraciones de fuerza de la extrema izquierda envalentona a unos grupos que tienen la violencia, el caos y el desorden por bandera. La mudanza a las plazas de los barrios populares busca reclutar a jóvenes descontentos para nutrir las filas de las comisiones de agitación, configurando un escenario de inestabilidad permanente donde las barricadas del 11 de noviembre representarán el punto álgido de su estrategia de confrontación total. Madrid se enfrenta a un desafío integral a su convivencia pacífica, orquestado por minorías radicales comunistas y anarquistas que usan el asalto violento y el terrorismo callejero.
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