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Ochenta y siete años, un 50 % de discapacidad, problemas de movilidad y un desahucio. Ese es el resumen de los últimos meses de María del Carmen Abascal, fallecida el miércoles pasado en el Hospital Gregorio Marañón, catorce días después de salir de su casa de Retiro en camilla.
No se ha hecho pública la causa de su muerte, y no seré yo quien la invente. Pero sí sabemos cómo vivió el final de su vida, y eso basta para formular la pregunta que nadie en Sol quiere oír: ¿se puede someter a una anciana así a semejante tute?
Repasemos. Concentraciones y acampadas en su portal. Actos de visibilización con actrices, cantantes y humoristas. Cámaras, megáfonos, cordones policiales. La víspera del lanzamiento pasó la noche rodeada de militantes del Sindicato de Inquilinas, con más de doscientos activistas fuera, según el propio Sindicato, y la puerta del edificio acabó cediendo ante un ariete. Las crónicas de aquella mañana la describían «muy nerviosa». No me extraña. Y ya ingresada, desde la cama del hospital, siguió siendo usada de símbolo, y le pedían declaraciones de ánimo para los acampados.
A los mayores se les cuida, no se les exhibe. Cualquier hija, cualquier nieto, habría hecho lo imposible por ahorrarle a su abuela ese calvario. Alguien decidió que era más útil como bandera que como persona.
El dueño del piso sostiene que, sin la intervención del Sindicato, probablemente se habría llegado a un acuerdo, y que le fue imposible hablar directamente con ella. La abogada de Maricarmen replica que fue la empresa la que nunca quiso negociar. Eso lo dirán los tribunales. Lo que no necesita juez es lo que confesó una portavoz del propio Sindicato el día del desahucio: Maricarmen «lo único que quería era morirse en su casa tranquila». Tranquila. Justo lo que no tuvo.
Y ahora, el epílogo obsceno. Irene Montero sentencia que «no es una muerte, es un asesinato». Los acampados marchan hacia el Congreso gritando «¡asesinos!». Cuidado con quién reparte esas etiquetas. Son los mismos que celebraron en 2021 la ley de eutanasia, que convirtió la muerte provocada en una prestación más de la sanidad pública. Cuando la muerte les cuadra, la llaman derecho; cuando les rinde de otro modo, la llaman crimen.
El Sindicato admite en su comunicado de despedida que el coste para llegar hasta aquí ha sido «demasiado alto». Lo ha sido. Pero no lo ha pagado el movimiento, ni el Gobierno que ha adelantado las elecciones al 29 de noviembre al calor de la calle, ni los ministros que hoy firman condolencias en redes. Lo pagó una anciana enferma a la que convirtieron en pancarta.
Hay dos formas de sufrir la “cultura del descarte”, la que mide a las personas por lo que rinden. Hay un descarte silencioso, el de la residencia de ancianos olvidada. Y hay otro descarte ruidoso, el de quien exprime a una anciana mientras le resulta útil. Este segundo se disfraza de compasión, y por eso es peor.
Descanse en paz, Maricarmen. Y que a quienes la usaron se les caiga la cara de vergüenza.
Alfonso P. Sanz | Jurista y escritor
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