Todos sabemos perfectamente en qué consiste la corrupción política. Es algo intrínseco al intelecto colectivo. De todas formas, no vienen mal para comenzar un par de definiciones:
“La corrupción consiste en la violación de una obligación por parte de un decisor, con la finalidad de obtener un beneficio personal extra posicional de la persona que lo soborna o a quien extorsiona” (Ernesto Garzón Valdés).
“La corrupción política consiste en el incumplimiento de una norma realizada por una persona que desarrolla una función pública, con la finalidad de obtener un beneficio, ya sea propio o de un colectivo, social o institucional” (Ramón Soriano).
Quizás el único matiz diferenciador entre ambas definiciones es que, en la segunda, se limita la misma al incumplimiento por parte de un servidor público, no de cualquier persona. La cuestión principal es que hemos pasado, en España y en el resto del mundo, de casos aislados, casi “kamikazes” que se juegan su carrera pública por una mordida o prebenda, a hechos generalizados, diríamos que un problema sistémico y abrumador. Incluso, se están dando casos de corrupción en cadena, institucionalizada y organizada, cada vez más numerosos.
Si le ponemos importes al problema, se estima que la corrupción total en España estaría entre los 50 mil millones de euros y los 90 mil millones de euros anuales, es decir, aproximadamente entre un 4% y un 5% del PIB, cifras simplemente asombrosas, megalíticas. Imaginemos que el Gobierno nacional o los gobiernos autonómicos pudieran contar con 50 mil millones más de presupuesto anual para hacer tantas cosas. Es tremendo. Pero no menor es la importancia cualitativa del problema, ya que:
- La corrupción tiene impacto económico global, pues no sólo implica el dinero directamente desviado, sino que genera graves distorsiones económicas, al haber adjudicación de contratos públicos por “palanca”, en lugar de por méritos, y otras muchas decisiones administrativas y/o judiciales injustas.
- Existe una gran dificultad de medición, ya que, por su propia naturaleza de “economía sumergida”, es difícil de cuantificar con precisión.
- Afecta a la percepción internacional de España. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Wikipedia en 2024, España obtuvo una puntuación de 56 sobre 100, en el rango medio de la tabla, alejada de los países más corruptos, pero también de los países más limpios y transparentes. Y sale mal parada en el entorno europeo y de la OCDE, que serían los estados más comparables.
- La corrupción mina la confianza en las instituciones democráticas, afecta al crecimiento económico, a la distribución de la renta y a los niveles de pobreza.
- Los casos más graves de corrupción política, como el caso Gürtel, los EREs de Andalucía, la corrupción en CIU (familia Pujol), el caso Cerdán/Ábalos/Koldo, etc., han evidenciado verdaderas tramas organizadas de corrupción vinculadas a partidos políticos.
En el orden político las causas de la corrupción residen en la falta de normas jurídicas y de instituciones de control y exigencia de responsabilidades. Donde no hay normas e instituciones de vigilancia del comportamiento correcto se evidencia la discrecionalidad de los responsables políticos, que facilita las tentaciones para incurrir en casos de corrupción. Tampoco debemos olvidar que, para que exista un corrupto, debe existir un corruptor. Y aquí son normalmente las empresas privadas y/o “conseguidores” intermediarios los que ponen en la mesa el dinero de las mordidas para “financiar” a los corruptos, personas físicas y/o instituciones privadas o públicas, fundamentalmente partidos políticos.
El tema daría para prácticamente una tesis doctoral. Pero, dado el alcance de este artículo de opinión, me limitaré a enumerar cinco puntos que considero claves para limitar estas malas prácticas políticas, así como una conclusión final. Los cinco aspectos serían:
- Salvaguardar la independencia y autonomía de los poderes públicos.
- La conciencia y práctica de la moral pública ciudadana.
- La asunción de responsabilidades políticas inminentes.
- El establecimiento de Comités de Moral Pública en las instituciones públicas y en los partidos políticos.
- La limitación de la discrecionalidad administrativa y judicial.
Hasta aquí un resumen del ámbito de lo público. Pero ahora deberíamos, para terminar, responder a la pregunta: ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros, como ciudadanos individuales, para que mejoren los índices de corrupción? No podemos olvidar que la moral pública no deja de ser la suma de las morales privadas de cada persona, entendida como los valores, virtudes y principios éticos que guían la conducta individual. Obviamente, una sociedad con ciudadanos que cultivan virtudes privadas (honestidad, respeto, empatía, etc.) tiende a reducir la corrupción y a mejorar el cumplimiento de las normas públicas.
Por tanto, y entendiendo que la responsabilidad para controlar y denunciar la corrupción es mayor por parte de las personas con autoridad pública, además de los organismos públicos de supervisión y vigilancia en los distintos ámbitos, como ciudadanos individuales podemos contribuir dando buen ejemplo en nuestros comportamientos cívicos (por ejemplo, dejando de lado la “picaresca” de evadir impuestos o evitar el pago de una multa, tan típica de los españoles y los latinos en general, de lo que incluso solemos “presumir” con nuestras amistades, lamentablemente).
Al final se trata del cumplimento de la Ley de Dios, que nos ordena “no robarás” y “no codiciarás los bienes ajenos”. Es un mínimo de la ley moral (sin olvidar que la ley natural, grabada en la conciencia de todos, también nos lo exige), que debemos cumplir todos los ciudadanos, como paso previo a exigir el mismo cumplimiento por parte de los demás. Así, conseguiremos una sociedad más limpia y transparente, y cumpliremos con nuestra obligación irrenunciable de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Félix Aguado | Colaborador de Enraizados
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