Los sacerdotes vetados en Adamuz y la imposición de un «funeral masónico» desataron una protesta nacional que ha forzado a Sánchez a suspender el acto previsto por miedo al rechazo y al abucheo
El Ejecutivo había preparado un acto masónico para el sábado 31 de enero. Las familias de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz rechazaron ese acto sectario, político y anticatólico. Las redes sociales amplificaron ese clamor y forzaron a Moncloa a recular.
El Gobierno anunció que “pospone” el acto. Esa fórmula esconde una maniobra política. Sánchez quiere evitar una oleada de protestas públicas que dañen su imagen. Las elecciones de 2026 pesan en esa decisión. Tanto Pedro Sánchez como Juanma Moreno del PP temen un coste electoral. La presión social logró lo que no logró la sumisión institucional.
Pero si esto ha sido grave, mucho mayor ha sido el conocer que los sacerdotes fueron vetados en Adamuz para administras los sacramentos a los moribundos. Simboliza una de las mayores afrentas del actual Gobierno contra la libertad religiosa en general y el catolicismo en particular.
Los sacerdotes vetados en Adamuz se han convertido en el símbolo de ese abuso. El Ejecutivo no solo impuso un acto ideológico sectario y masónico, sino que también negó consuelo espiritual a los moribundos.
El Gobierno impidió los últimos sacramentos
Los sacerdotes vetados en Adamuz acudieron para cumplir su deber pastoral. Las autoridades les bloquearon el acceso al lugar del siniestro.
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, denunció los hechos de forma pública. Explicó que una “confusión” de las autoridades impidió a los presbíteros llegar hasta las víctimas. Ellos querían administrar los últimos sacramentos a los fallecidos y a los heridos graves. La autoridad política cerró el paso.
Ese veto viola derechos fundamentales. El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad religiosa y de culto. La Ley Orgánica 7/1980 reconoce el derecho a recibir asistencia religiosa. Ninguna autoridad puede anular ese derecho. Ni en hospitales, ni en catástrofes, ni en emergencias. Y cuando el alma está en juego no hay poder terrenal que valga.
La sombra del Covid vuelve a aparecer
Los sacerdotes vetados en Adamuz recuerdan el trato que el Gobierno dio a los fieles durante el Covid. Entonces, Sánchez impuso el cierre de las iglesias –no de iure, sí de facto- y prohibiciones a la vida sacramental. Gran parte de la jerarquía eclesial aceptó esas órdenes y renunció a su deber pastoral. Muchos fieles murieron sin sacramentos.
Ahora, los sacerdotes sí acudieron. Quisieron ayudar. Sin embargo, la autoridad política volvió a imponerse. Este episodio marca un punto de inflexión. La Iglesia empieza a reaccionar. El intento de asistir a las víctimas ya supone un paso adelante, aunque no suficiente.
Aun así, las autoridades civiles lograron amedrentar a los presbíteros. Los sacerdotes vetados en Adamuz reflejan ese choque entre fe y poder. El resultado es que los moribundos se quedaron sin los últimos sacramentos.
Un Gobierno que impone ritos masónicos y niega la fe católica
El Ejecutivo de Sánchez impone actos masónicos y bloquea sacramentos católicos. Esto define su agenda ideológica y sectaria. Las familias de las víctimas rechazaron el acto masónico. El Gobierno no escuchó hasta que el rechazo se volvió masivo. El acto masónico quedó pospuesto, no cancelado. Sánchez solo busca tiempo. No acepta la crítica ni la protesta.
Los sacerdotes vetados en Adamuz muestran hasta dónde llega el desprecio de Sánchez por la libertad religiosa. Muchos ciudadanos ya no toleran esta persecución encubierta. Los sacerdotes vetados en Adamuz y el intento de imposición de un acto masónico han despertado una reacción social.
La actitud anticatólica del Gobierno provoca un cambio de ánimo. La gente pierde el miedo. La sumisión de la época del Covid empieza a romperse.
